El Gobierno nacional anunció que presentará nuevas denuncias penales contra empresas vinculadas a presuntas actividades hidrocarburíferas en la Plataforma Continental Argentina. La medida fue comunicada el miércoles 9 de septiembre de 2026, luego de los anuncios realizados por Javier Milei sobre la política argentina respecto de las Islas Malvinas. Las presentaciones judiciales también alcanzarán a directivos y otras personas que hayan intervenido en las decisiones cuestionadas.
El Gobierno amplía las denuncias por actividades en Malvinas
La Oficina del Presidente informó que avanzará contra nuevas compañías que, según la acusación oficial, estarían desarrollando actividades relacionadas con el petróleo y el gas en la Plataforma Continental Argentina.
El Ejecutivo sostiene que esas operaciones podrían infringir las restricciones establecidas por la Ley 26.659, que regula las actividades hidrocarburíferas en áreas bajo jurisdicción argentina.
La nueva estrategia no se limitará a las empresas involucradas. El Gobierno anticipó que también buscará individualizar a directores, gerentes, administradores, representantes y otras personas que hayan participado en decisiones vinculadas con esas operaciones.
Qué alcance tendrán las nuevas presentaciones judiciales
Según el comunicado oficial, las nuevas denuncias podrían derivar tanto en la ampliación de causas judiciales que ya están en trámite como en la apertura de nuevos expedientes.
El Gobierno planteó que la responsabilidad no quedará circunscripta a las personas jurídicas. La administración de Milei afirmó que también avanzará sobre quienes hayan intervenido desde sus cargos en las actividades consideradas contrarias a la legislación argentina.
La decisión se encuadra en la política oficial de defensa de los derechos soberanos argentinos sobre las Islas Malvinas y su plataforma continental.
Qué establece la Ley 26.659
La normativa mencionada por el Gobierno prohíbe que personas físicas o jurídicas, tanto nacionales como extranjeras, desarrollen actividades hidrocarburíferas en la Plataforma Continental Argentina sin la autorización correspondiente.
La ley también contempla restricciones para quienes tengan participación directa o indirecta en compañías involucradas, les presten servicios o realicen operaciones comerciales relacionadas con esos proyectos sin autorización.
Entre las sanciones previstas aparecen inhabilitaciones de entre 5 y 20 años, el cese de concesiones y la pérdida de determinados beneficios impositivos o previsionales.
Las penas previstas para las actividades hidrocarburíferas
Para determinadas actividades de exploración, la legislación contempla penas de prisión de entre 5 y 10 años, además de multas e inhabilitación especial.
En casos vinculados con la extracción, transporte o almacenamiento de hidrocarburos, las penas pueden alcanzar entre 10 y 15 años de prisión, junto con multas calculadas sobre el valor de barriles de petróleo crudo.
Para las empresas también existen sanciones específicas, entre ellas la suspensión de actividades, restricciones para participar en concursos o licitaciones públicas y, en determinados casos, la cancelación de la personería jurídica.
Una nueva escalada en la política sobre Malvinas
El anuncio representa un nuevo paso del Gobierno en su estrategia para reforzar las acciones contra compañías que desarrollen actividades hidrocarburíferas que, según el Ejecutivo, vulneren los derechos soberanos argentinos.
La decisión amplía el foco de las posibles denuncias: además de las compañías, la Justicia podría recibir presentaciones dirigidas contra las personas que tuvieron participación en las decisiones vinculadas con esas operaciones.
El Gobierno ratificó así que utilizará las herramientas legales disponibles para intentar impedir actividades hidrocarburíferas que considere contrarias a la legislación argentina en la zona de las Islas Malvinas.
