La diputada nacional Marcela Pagano presentó una denuncia ante la Comisión de Juicio Político de la Cámara de Diputados para impulsar el juicio político contra el jefe de Gabinete, Manuel Adorni. Lo acusó de mal desempeño en sus funciones y de haber perdido la idoneidad ética y funcional requerida para ocupar el cargo.
La presentación, de 13 páginas, se apoya en declaraciones públicas del funcionario, rectificaciones de sus declaraciones juradas y presuntas contradicciones entre esos dichos y la información brindada ante el Congreso durante su informe de gestión.
En el escrito, Pagano sostuvo que «un Jefe de Gabinete que admite haber evadido durante años, que ocultó deliberadamente su patrimonio y que mintió ante los representantes del pueblo de la Nación no reúne la idoneidad ética que la Constitución exige para el ejercicio del cargo». Además, pidió la producción de pruebas y el avance del procedimiento correspondiente.
Uno de los principales ejes de la denuncia apunta a una presunta contradicción sobre el patrimonio de Adorni. Según la legisladora, el funcionario aseguró el 29 de abril ante la Cámara de Diputados que «nunca existió ocultación alguna» respecto de sus bienes.
Sin embargo, Pagano recordó que el 10 de junio el jefe de Gabinete reconoció públicamente haber mantenido fuera de sus declaraciones juradas alrededor de 500 mil dólares. Para la diputada, esa admisión contradice sus declaraciones previas ante el Congreso.
La denuncia también incluye acusaciones por omisión maliciosa y falsedad patrimonial. Además, señala que Adorni reconoció haber mantenido ahorros no declarados durante aproximadamente 25 años, una conducta que la legisladora considera incompatible con la función pública.
Entre los diez cargos presentados también figuran presuntos conflictos de interés, negociaciones incompatibles con el cargo, supuestas maniobras para regularizar bienes no declarados y cuestionamientos por beneficios recibidos de personas vinculadas a empresas contratistas del Estado.
Finalmente, Pagano argumentó que estas conductas, sumadas a una investigación penal por presunto enriquecimiento ilícito, comprometen la dignidad de la función pública y evidencian una falta de autoridad moral e idoneidad ética para continuar al frente de la Jefatura de Gabinete.
