El diputado nacional Ernesto Nader «Pipi» Alí volvió a poner bajo la lupa el patrimonio del gobernador de San Luis, Claudio Poggi. A fines de septiembre amplió una denuncia por presunto lavado de activos, enriquecimiento ilícito, encubrimiento agravado y omisión maliciosa, luego de obtener información de la Dirección Provincial de Catastro y Tierras Fiscales sobre inmuebles registrados a nombre de familiares del mandatario.
Los detalles de esa presentación fueron publicados este fin de semana por La Política Online (LPO), que accedió a documentación sobre las propiedades y las declaraciones juradas patrimoniales de Poggi. El medio nacional expuso tanto los cuestionamientos de Alí como las medidas que su representación legal pidió para profundizar la investigación.
El diputado sostiene que existe un «entramado patrimonial familiar» que requiere una pesquisa más amplia. El eje de su planteo son los bienes de los hijos del gobernador, María Victoria y Federico Poggi, ambos menores de 40 años, además de las propiedades registradas a nombre de la esposa del mandatario, Sandra Mabel Correa Sosa.
Trece propiedades a nombre de los hijos y otras cuatro de su esposa
La información catastral citada en la denuncia atribuye ocho inmuebles a María Victoria Poggi y cinco a Federico Poggi. Alí cuestiona que ese patrimonio resulte compatible con los ingresos declarados por ambos y por su padre.
A esas trece propiedades se suman otros cuatro inmuebles a nombre de Correa Sosa. El diputado pidió que la Justicia determine las características de los bienes, sus superficies, sus valuaciones fiscales, las fechas de adquisición y la titularidad dominial.
El abogado Leonardo Martínez Herrero, representante legal de Alí, también solicitó informes a la Agencia de Recaudación y Control Aduanero (ARCA) sobre la situación fiscal y las declaraciones de Ganancias de las personas involucradas. Además, reclamó información de bancos y entidades financieras para reconstruir el origen de los fondos y los movimientos patrimoniales.
LPO publicó que tuvo acceso a documentos sobre la constitución de un usufructo gratuito, vitalicio y con derecho de acrecer a favor de los hijos de Poggi. El medio plantea que esa figura permite transferirles derechos sobre los bienes, mientras el gobernador conserva su uso y disposición durante su vida.
La presentación también pide profundizar el análisis de las propiedades y establecer si las operaciones y los ingresos declarados permiten explicar el patrimonio registrado.
Las declaraciones juradas bajo la lupa
Uno de los ejes centrales de la denuncia son las diferencias que Alí detectó entre las declaraciones juradas de Poggi durante los años en que se desempeñó como diputado y senador nacional.
El legislador afirma que el patrimonio neto declarado pasó de $9.338.689,20 en 2017 a $79.586.045,10 en 2022. La presentación cuestiona que ese crecimiento pueda justificarse con los ingresos informados por el gobernador, sus rentas por alquileres y otros conceptos declarados.
Alí identifica varios puntos que, a su criterio, exigen una revisión: el aumento del valor de inmuebles, la tenencia de dólares en efectivo, diferencias entre declaraciones consecutivas y la falta de correspondencia entre ingresos, gastos y evolución patrimonial.
En el período 2017-2018, por ejemplo, el diputado detectó un incremento de unos $3,4 millones, que atribuyó a una diferencia de valuación de los mismos bienes, justificada en la documentación por la inflación y la variación del dólar. En su presentación sostiene que ese mecanismo se repite en ejercicios posteriores.
Para 2019, Poggi declaró un patrimonio de $20.476.716,16 al cierre del ejercicio. Alí cuestiona una diferencia de valuación superior a los $5,1 millones, junto con ingresos y gastos que, a su entender, no explican el aumento de los bienes. También señaló la presencia de tenencias en moneda extranjera, entre ellas USD 111.495 en efectivo.
La denuncia plantea que el patrimonio siguió en ascenso durante los años siguientes. Alí sostiene que, a partir de las declaraciones juradas, los bienes se cuadruplicaron en cuatro años, con incrementos que considera incompatibles con la capacidad de ahorro declarada.
El salto patrimonial de 2022
El diputado puso el foco en el ejercicio 2022. En su presentación consignó que los bienes de Poggi pasaron de $39.522.367,90 al inicio del año a $79.586.045,10 al cierre, mientras que las deudas dejaron de figurar.
La denuncia detalla ingresos por trabajo y alquileres de $10.898.425,43, ingresos no alcanzados por $6.054.472,31, gastos personales por $6.892.200,48 y gastos no deducibles por $2.093.152.
Con esos datos, Alí estima que la capacidad de ahorro explicable se ubicaría entre $7 millones y $9 millones, frente a un aumento patrimonial superior a los $40 millones. La diferencia, plantea, se habría justificado con una valuación adicional de $32.431.108,69.
El legislador también cuestionó la declaración jurada de baja presentada en 2023, cuando Poggi dejó su banca de diputado para asumir como gobernador. Allí detectó una diferencia entre los bienes declarados al inicio del año, por $37.876.399,86, y el patrimonio al cierre de 2022, de $79.586.045,10.
Alí afirma que en esa declaración desaparecen alrededor de $41 millones y aparece una diferencia de valuación de $201.604.098,73, cifra que considera incompatible con los totales informados.
Dólares en efectivo y revaluación de inmuebles
Otro punto de la denuncia es la presencia sostenida de dólares en efectivo y depósitos en moneda extranjera. Alí indicó que en 2019 Poggi declaró plazos fijos en dólares por montos que iban de USD 55.000 a USD 63.000, además de efectivo que pasó de USD 97.000 a USD 111.495.
El diputado considera que esa tenencia requiere una explicación sobre el origen de los fondos y su trazabilidad. También cuestiona diferencias en la forma de declarar ciertos bienes, que en distintos ejercicios aparecen bajo categorías diferentes, como lote de terreno o casa de recreo, con variaciones marcadas en sus valores.
La denuncia señala, además, revaluaciones de propiedades en Alpa Corral. Como ejemplo, menciona un terreno de 45 metros cuadrados cuyo valor declarado pasó de $943.957,77 a $6.774.666,15 durante 2022. También apunta a un inmueble rural de 18.100.000 metros cuadrados que, de acuerdo con el planteo, duplicó su valor en un año.
Alí sostiene que las diferencias entre declaraciones podrían reflejar omisiones de información y contradicciones que impiden reconstruir el origen y el recorrido de los fondos. Se trata de cuestionamientos incluidos en la denuncia, que deberán ser evaluados por la Justicia.
Una causa que pasó de Comodoro Py a San Luis
La denuncia de Alí tuvo su origen en los tribunales federales de Comodoro Py. El diputado buscó que se investigara allí el crecimiento patrimonial atribuido a Poggi durante sus años como legislador nacional. Sin embargo, la jueza María Eugenia Capuchetti y la fiscal Paloma Ochoa se declararon incompetentes y remitieron el expediente a la Justicia Federal de San Luis.
En esa jurisdicción ya se encontraba una denuncia impulsada por el abogado Gustavo Reviglio, cuyo trabajo periodístico dio origen a la investigación sobre el patrimonio del gobernador. La presentación de Alí quedó bajo la órbita del juez federal Juan Carlos Nacul y el fiscal Cristian Rachid.
El representante legal del diputado pidió que Alí fuera citado a declarar para ratificar la denuncia.
