Marcelo Amitrano, nieto de Dalmiro Pérez Laborda, recordó que el Gobierno no tiene la potestad de destinar el predio donde funciona el Laboratorio a otro fin que no sea la salud pública.
La familia Pérez Laborda donó “con cargo” la casona ubicada en la avenida del Fundador, a metros del Hospital Pediátrico, al Estado Provincial, poco antes de la pandemia de coronavirus.
Ese cargo implicaba que el predio tenía que servir para el funcionamiento de una dependencia de salud “para los puntanos”.
Dalmiro Pérez Laborda fue un médico traumatólogo que, en la década de 1950, instaló en el lugar, junto a otros médicos de San Luis, un centro de rehabilitación para tratar a quienes habían contraído poliomielitis.
“La polio generó muchas discapacidades y mi abuelo materno creó un centro de rehabilitación. Ese centro era gestionado por una Sociedad de Ayuda al Lisiado, una sociedad de beneficencia. Lo administraban mujeres puntanas, a partir de donaciones”, recordó Amitrano.
Con el paso del tiempo, la Sociedad pasó a manos de las herederas de quienes la gestionaron en una primera instancia; entre ellas se encontraba la hija del “Bocha” Pérez Laborda.
“En los últimos años, en la última gobernación de Alberto Rodríguez Saá, la razón de ser del centro se había superado y ya no estaba cumpliendo la función con la que se había creado. Ahí se tomó la decisión de disolver la Sociedad y donar esa propiedad al Estado Provincial, con el cargo que siempre funcionara ahí algo que tenga que ver con la salud pública”, sentenció el exfuncionario provincial.
Una vez que el Ejecutivo recibió la donación, hizo un trabajo de refuncionalización de la casa, para instalar el Laboratorio, que luego tuvo un papel fundamental para detectar casos y cepas del Covid-19.
El peligro de cierre del Laboratorio Dalmiro Pérez Laborda
La semana pasada, los profesionales del Laboratorio recibieron la notificación sobre una notable reducción de personal. De los 11 que trabajaban allí, 7 cumplirán funciones a otras dependencias. Pero la novedad generó el temor del cierre del Laboratorio.
Por eso, Amitrano advirtió al Gobierno que la propiedad no puede tener otro destino.
“Cuando el cargo es para salud, entiendo que no puede ser para una cuestión administrativa o para el despacho del Ministro de Salud. Mucho más si hablamos de una venta o canje o cambiarle el espíritu. Si el Gobierno cambia el espíritu de la donación, vamos a pedir que nos devuelva el inmueble”, sentenció el también exlegislador.
