La defensa de Ricardo André Bazla volvió a pedir la nulidad de todo lo actuado en el marco de la causa conocida como «El Caburé» y solicitó que se desestimen las imputaciones que le formuló la querella, aceptadas por el juez de Garantía N°1, Alfredo Cuello, en la audiencia de formulación de cargos del 25 de marzo.
Ante el Tribunal de Impugnaciones —integrado por María Monserrath Bocca, Hernán Herrera y Marcelo Bustamante Marone—, el abogado del exfuncionario, Bautista Rivadera, insistió en la cuestión preliminar invocada en la audiencia, donde solicitó la nulidad de todo lo actuado por la omisión de la notificación del artículo 38. El juez de Garantías había rechazado ese pedido.
Rivadera manifestó que, ante esa omisión, no pudieron ejercer de manera eficaz el derecho de defensa.
La postura del fiscal
El representante del Ministerio Público Fiscal, Leandro Estrada, solicitó que se rechace el planteo. Argumentó que se distorsionó el artículo 38, porque está dirigido a personas detenidas y no correspondía su notificación ya que Bazla nunca estuvo privado de su libertad.
Estrada agregó que no se han expresado los perjuicios concretos y que Bazla se presentó de manera espontánea y participó activamente del proceso, por lo que ejerció plenamente su derecho a defensa.
Los abogados querellantes, Pascual Celdrán y Alejandro Viano, además del abogado defensor del otro imputado, Darío Oviedo, adhirieron al planteo del fiscal.
El pedido de la defensa de Bazla contra los cargos de la querella
En un segundo planteo, la defensa de Bazla solicitó que se rechacen todos los cargos formulados por la querella. A pedido de los abogados denunciantes, el juez Cuello imputó a Bazla por:
- Falsedad ideológica
- Utilización de un instrumento público agravado por la calidad del presunto autor
- Estafa procesal
- Incumplimiento de los deberes de funcionario público
- Abuso de autoridad
- Peculado
- Hurto
Rivadera consideró que se le reprocharon a su defendido delitos diferentes a los planteados por el fiscal, que se desplazó el rol de la Fiscalía y que existió un antagonismo entre esta y las querellas. Agregó que hay una «orfandad probatoria» de evidencias y que no hay un plexo probatorio para endilgar esos delitos.
El abogado requirió que se rechacen los cargos de la querella, pero no se opuso al delito de defraudación en perjuicio de la administración pública.
Las posturas enfrentadas
Los abogados Viano y Celdrán solicitaron que se confirme la formulación de cargos admitida por el juez. Sostuvieron que la prueba fue acompañada al legajo, que detallaron cada una de las conductas y que las encuadraron en los delitos endilgados.
El fiscal Estrada, en cambio, adhirió a lo solicitado por la defensa. Explicó que en esta causa se investiga un solo hecho: la comisión de actos defraudatorios por no cumplir con las leyes administrativas. Agregó que no existen otros elementos subjetivos para los otros delitos y que se debe confirmar la formulación de cargos solo por la defraudación.
Estrada consideró que la teoría del caso de los querellantes corresponde a intereses individuales y se impone sobre la del Ministerio Público Fiscal. Solicitó al tribunal que ejerza el control jurisdiccional y que establezca una unidad acusatoria.
La causa
El tribunal comunicará por escrito en los próximos días su resolución. La causa se inició con una denuncia en diciembre de 2025 y se investiga la comisión de delitos en un campo de 1.997 hectáreas ubicado en la Ruta Provincial N° 27, kilómetro 144, denominado «La Gitana» pero conocido como «El Caburé».
