El Gobierno provincial avanzó con sanciones contra estudiantes involucrados en hechos de intimidación, en el marco de un trabajo conjunto entre distintas áreas estatales. Como resultado, los jóvenes fueron sancionados con la pérdida de beneficios educativos, mientras que sus padres podrían enfrentar consecuencias judiciales.
La medida fue dispuesta por el Ministerio de Educación, en articulación con el Ministerio de Seguridad y el Ministerio Público Fiscal, tras detectarse situaciones que derivaron en denuncias penales. Desde las autoridades se remarcó que las amenazas o intimidaciones públicas constituyen delitos, por lo que los casos ya fueron puestos a disposición de la Justicia.
Además, se advirtió que los padres o responsables legales pueden ser sancionados en el ámbito contravencional por los hechos cometidos por sus hijos. En ese sentido, se recomendó reforzar el diálogo familiar sobre el uso responsable de la información y las consecuencias legales de estas conductas.
Frente a este tipo de situaciones, las instituciones educativas aplican la Guía Única e Integral de Abordaje Rápido para la Salud Escolar (GUIARSE), que incluye más de 70 protocolos de actuación para proteger a los estudiantes y a la comunidad educativa.
En paralelo, el Ministerio Público Fiscal continúa investigando casos similares en otras escuelas de la provincia, en coordinación con las áreas de Educación y Seguridad.
Por último, la cartera educativa informó que se están implementando acciones de capacitación y acompañamiento a través de la Subdirección de Bienestar Escolar, con el objetivo de prevenir conflictos, fortalecer la convivencia y garantizar entornos escolares seguros.
