Un operativo de desalojo en el barrio porteño de La Paternal permitió identificar a uno de los principales referentes de una toma ilegal en propiedades usurpadas. Se trata de Diego Molina, quien ya había sido condenado en 2021 por un hecho vinculado a la exposición del cuerpo de Diego Maradona. El procedimiento se realizó en varias viviendas ocupadas desde hace décadas y derivó en detenciones y clausuras por riesgo estructural.
Desalojo y operativo en La Paternal
El procedimiento fue llevado adelante por fuerzas de seguridad de la Ciudad de Buenos Aires en al menos cinco inmuebles que se encontraban tomados. Como resultado, se logró recuperar una propiedad ubicada en Villa Mitre que contaba con orden judicial de desalojo firme desde 2009, aunque continuaba ocupada.
Durante el operativo, tres personas fueron detenidas acusadas de atentado y resistencia a la autoridad. Además, las autoridades avanzaron en la identificación de los ocupantes y sus antecedentes judiciales.
Quién es el líder de la toma
Las investigaciones señalaron a Diego Molina como uno de los principales líderes de la ocupación. Su nombre ya había tomado notoriedad pública en 2021, cuando fue condenado por el delito de profanación de cadáver humano tras haberse fotografiado junto al cuerpo de Diego Maradona durante el velatorio.
Según fuentes del caso, otros integrantes del grupo también presentan antecedentes penales o se encuentran imputados en distintas causas.
Conflicto por la propiedad y antecedentes
El origen del conflicto se remonta a fines de la década del 90. De acuerdo con los investigadores, en 1998 una empleada de la vivienda habría adquirido la titularidad del inmueble. Sin embargo, con el paso del tiempo, el lugar fue ocupado por terceros que cuestionaban esa propiedad, alegando que la supuesta dueña era en realidad inquilina.
Las viviendas permanecieron en situación irregular durante más de dos décadas, pese a resoluciones judiciales que ordenaban su restitución.
Clausura y asistencia a los ocupantes
Tras el desalojo, la Guardia de Auxilio dispuso la clausura del edificio debido al peligro de derrumbe, una medida solicitada por la fiscalía interviniente. En paralelo, equipos de asistencia social realizaron un relevamiento de las personas que habitaban el lugar para ofrecer alternativas habitacionales.
