Los empleados que deben ser reincorporados al Concejo Deliberante por orden judicial se reunieron con el Fiscal de Instrucción N°1, Francisco Assat Alí, para solicitarle que impute a la presidenta del legislativo, Agustina Arancibia Rodríguez, por el incumplimiento de ese amparo.
A finales de febrero de este año, la jueza Civil, Comercial y Ambiental N°3 de la ciudad de San Luis, Valeria Benavídez, dictó una medida cautelar que ordena a la presidencia del Concejo reincorporar a la planta permanente a 13 empleados.
La condición laboral de los trabajadores la modificó la actual presidenta, Agustina Rodríguez Saá, a principios del 2024.
Los trabajadores cumplían labores desde antes en el Legislativo municipal como contratados. Una resolución votada tanto por el oficialismo como por la oposición, en noviembre del año pasado, les permitió acceder a la planta permanente.
Por la infracción, la justicia aplicó una multa de 150 mil pesos diarios, hasta que Arancibia Rodríguez cumpla la disposición judicial.
Como el tiempo avanza y la orden no se ejecuta, los trabajadores pidieron una audiencia con el fiscal de Instrucción. En la reunión, solicitaron que le formule cargos contra la infractora por el incumplimiento.
Esteban Badra, abogado de los amparistas, cuestionó la contestación que le dio Assat Alí a los empleados. “La respuesta fue muy dañina para sus intereses por parte de la Fiscalía. El fiscal les dijo que no es un incumplimiento porque el amparo está apelado”, señaló el letrado, en declaraciones a la prensa.
Badra también informó que el representante del Ministerio Público Fiscal desestimó el planteo que hicieron los trabajadores sobre el impacto negativo en la salud de algunos de ellos esta situación. “Les dijo que eso no es una situación que le incumba a la justicia penal”, remarcó el representante legal de los damnificados.
Y acusó a Assat Alí de denegarle a sus representados “el acceso a la justicia”.
