* Por Cristian Altavilla. Doctor en Derecho – Abogado especialista en Derecho Constitucional. Asesor de la reforma constitucional provincia de San Luis
Mientras las principales potencias globales debaten cómo mitigar los riesgos de la inteligencia artificial sin asfixiar la innovación, la provincia de San Luis se encamina a protagonizar un acontecimiento inédito en el derecho público internacional: su futura Constitución podría convertirse en la primera en el mundo en receptar formalmente las enseñanzas ético-antropológicas de la encíclica Magnifica Humanitas, promulgada por el papa León XIV en mayo de 2026.
El proceso constituyente puntano dio un paso formal decisivo con la sanción de la Ley N.º XIII-1213-2026, mediante la cual la Legislatura provincial declaró la necesidad de la reforma parcial de la Carta Magna de 1987. Dentro de los puntos habilitados para el debate de la Convención Constituyente, el artículo 3.º, inciso b) incluyó la incorporación del artículo 11 bis, destinado a fijar directrices sobre «Nuevas Tecnologías e Inteligencia Artificial».
Lejos de una mera formulación técnica sobre conectividad, el texto legal exige consagrar la utilización ética de los sistemas automatizados y el «resguardo de la dignidad humana como principio rector de todos los derechos fundamentales de la persona humana».
Un puente entre el magisterio pontificio y la Ley Fundamental
La encíclica Magnifica Humanitas —continuadora de la tradición social que inauguró León XIII con RerumNovarum en 1891 frente a la revolución industrial decimonónica— abordó los desafíos de la Cuarta Revolución Industrial proclamando que la persona no puede ser degradada a insumo matemático ni a variable de optimización probabilística.
El proceso de reforma de San Luis toma este andamiaje conceptual para traducirlo en garantías normativas concretas. Mientras ordenamientos comparados como el AI Act de la Unión Europea se estructuran sobre la mitigación de riesgos comerciales y la competitividad del mercado único, la iniciativa puntana sitúa a la dignidad ontológica como un valor absoluto, intangible y no sujeto a balances utilitarios, en sintonía con los estándares más exigentes del constitucionalismo contemporáneo.
De plasmarse en el texto definitivo, la reforma erigirá una barrera de contención frente a los poderes corporativos transnacionales que hoy operan como verdaderas autoridades cuasisoberanas sobre la información y la conducta de millones de ciudadanos.
Las claves del futuro artículo 11 bis
El debate convencional que se avecina en San Luis tendrá sobre la mesa directrices que marcarán jurisprudencia en el derecho comparado:
- El principio de reserva humana: Uno de los puntos más sensibles radica en la administración de justicia. La recepción de Magnifica Humanitas fundamenta la improcedencia constitucional y moral de sustituir el juicio prudencial de los magistrados por modelos algorítmicos. La reforma busca consagrar la exclusividad de la persona física legitimada para evaluar pruebas y dictar sentencias, reduciendo la IA a la asistencia administrativa y garantizando el derecho ciudadano a un «juez humano».
- El Hábeas Data Algorítmico: La ley de declaración de necesidad incorpora expresamente el hábeas data frente al procesamiento masivo de datos. Esta garantía habilitará una vía judicial sumaria para que cualquier ciudadano pueda exigir la explicabilidad de las decisiones automatizadas y desarticular la opacidad de los sistemas de «caja negra», proscribiendo mecanismos de puntuación social (social scoring) o perfilamientos discriminatorios.
- Identidad digital y vida comunitaria: Frente a la proliferación de identidades sintéticas y clonaciones biométricas (deepfakes), el texto prevé tutelar la mismidad digital de las personas y garantizar la conectividad universal como un derecho humano de cuarta generación, evitando que la brecha técnica ahonde las desigualdades socioeconómicas.
- Transparencia republicana y subsidiariedad: El Estado provincial no podrá escudarse en el secreto comercial corporativo para justificar decisiones públicas adoptadas mediante algoritmos, reafirmando que la tecnología debe estar al servicio de la comunidad y no someterla a dependencias tecnocráticas.
El federalismo como laboratorio institucional
Las provincias argentinas han demostrado una capacidad precursora para abordar la era digital: Jujuy reguló la inteligencia artificial en 2023, La Rioja incorporó los deberes digitales y el tratamiento de macrodatos en 2024, y Santa Fe consagró el control humano frente a decisiones automatizadas en su reciente texto de 2025.
Sin embargo, el caso de San Luis representa un salto cualitativo de escala internacional. Al apoyarse en los fundamentos de su Exposición de Motivos —que convoca a construir «una Constitución para los próximos 40 años» basada en instituciones inclusivas y la despersonalización del poder—, la provincia se dispone a liderar un modelo donde el progreso técnico no avanza a costa del descarte o la alienación de lo humano, sino estrictamente subordinado a la supremacía ética de la persona.
