Denuncian que el intendente Hissa hostiga a un comercio que funciona en un predio municipal

La firma Jardín San Luis SAS, que regentea dos locales comerciales en avenida Franco Pastore y Ministro Berrondo, sobre la plaza Mauricio López, acusó al intendente Gastón Hissa de incumplir una orden judicial y clausurar los negocios.

Los propietarios de la empresa, Ricardo Orozco y César Alberto Acevedo, presentaron una acción de amparo para continuar con su actividad comercial, pero la decisión de la justicia fue omitida por el Ejecutivo Municipal.

De acuerdo a la denuncia, la intención del intendente Hissa es retirarle la habilitación municipal que le fuera otorgada en 2022, con vigencia hasta finales de 2024.

Jardín San Luis SAS tiene, en el predio municipal, una heladería de la cadena Grido y una parrilla restaurante, que, de hecho, funcionan desde hace más de dos años.

“La empresa invirtió una suma cercana a los 15 millones de pesos en remodelación y reacondicionamiento de la infraestructura del lugar que se encontraba en desuso y con continuos hechos delictivos”, recordó la firma en un comunicado.

Por esas tareas, la gestión anterior del Municipio le permitió utilizar los locales para desplegar su actividad comercial. Los contratos también tienen vigencia hasta el final de este año.

Sin embargo, denunciaron los dueños, la gestión de Hissa dio de baja tanto los contratos de locación como la habilitación comercial.

Por eso, acudieron a la justicia, que resolvió a favor de la empresa. Eso no impidió que el Municipio  avance con su intención de cerrar los locales.

Previo al accionar judicial, desde la comuna “cortaron la luz y luego la restablecieron”. Y posterior al fallo, el Municipio “volvió a cortar la luz, produciendo una gran pérdida económica y en la imagen de la empresa”, detalla el comunicado.   

“Estamos ante una actitud penal dolosa”, sentenciaron desde la firma, y acusaron al intendente Hissa de “desconocer lo resuelto por la justicia a través de un amparo, violando garantías constitucionales y el debido proceso”.

Además, resaltaron que en la actualidad los locales están “clausurados y con el suministro eléctrico cortado”, por lo que han sufrido “un gran daño económico”, que pone en riesgo “las fuentes laborales de muchas familias”.