Este lunes arranca el juicio contra José Alperovich en los Tribunales de la ciudad de Buenos Aires, donde se espera la declaración de más de 80 testigos durante los tres o cuatro meses que dure el debate. El ex gobernador y ex senador por Tucumán fue denunciado por su sobrina por abuso sexual y violación. La joven -que presentó la denuncia ante la Unidad Fiscal Especializada en Violencia contra las Mujeres (UFEM)- tiene 30 años y trabajó como secretaria de su tío en la campaña provincial desde 2017. «No quería que me besara, lo hacía igual; no quería que me penetrara, lo hacía igual», había escrito la víctima en una carta.
En concreto, Alperovich deberá responder por tres casos de abuso sexual, dos de ellos en grado de tentativa, y seis casos de violencia sexual agravada por acceso carnal, de acuerdo con lo establecido por la investigación judicial en base a las denuncias hechas por su sobrina por los ataques ocurridos entre 2017 y 2018 en sus oficinas en Tucumán y en la Capital Federal.
En primera instancia, el juez de instrucción Osvaldo Rappa había procesado sin prisión preventiva al ex gobernador por tres casos de abuso sexual y seis de abuso sexual agravado y le trabó un embargo de 2,5 millones de pesos. Y en septiembre de 2023, el Juzgado Nacional en lo Criminal y Correccional 35 de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires elevó a juicio oral la causa y estableció este 5 de febrero como fecha de inicio del debate que será público.
Según la imputación con la que llega a juicio, el ex gobernador cometió esos delitos «mediando abuso de poder y autoridad; que por sus circunstancias y tiempo de duración, le ocasionaron a la víctima un sometimiento sexual ultrajante». Alperovich había pedido un jurado popular invocando una norma que rige en la Ciudad de Buenos Aires, pero el tribunal se lo negó.
De acuerdo con el juez Juan María Ramos Padilla, «la ley cuya aplicación se requiere no fue creada para los tribunales nacionales con asiento en la Capital Federal». Se trata la ley 6451, sancionada por la Legislatura de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, mediante la cual se implementó el juzgamiento mediante jurados «para los delitos cometidos bajo esa jurisdicción, cuya pena máxima en abstracto sea igual o superior a 20 años de prisión».
Aun cuando se interpretara que esa norma es aplicable a los tribunales nacionales, el juez subrayó que igualmente no sería aplicable en este caso porque los delitos que se le reprochan a Alperovich contemplan «una pena máxima en abstracto de 15 años de prisión». «De tal manera, ni por razón de competencia ni por la clase de delito alcanzado podría accederse a la pretensión de la parte», sostuvo el Tribunal.
La fiscalía y el defensor oficial Pablo Rovatti, quien representa a la víctima como querellante, también se habían opuesto al juzgamiento por un jurado popular. El fallo recuerda que la aplicación extensiva del juicio por jurados está supeditada a una normativa de carácter general para su implementación, «y tal acontecimiento – al menos por el momento- no ha ocurrido».
De esta manera, el juicio se llevará adelante en el Tribunal Oral en lo Criminal 29 desde las 10.30, a cargo del juez Ramos Padilla, y se espera que presten declaración más de 80 testigos. Los delitos que se imputan al también ex senador conllevan una pena máxima de hasta 15 años de prisión.
En la investigación intervinieron la Fiscalía Nacional en lo Criminal y Correccional 10 de la Capital Federal, interinamente a cargo del fiscal Santiago Vismara, y la Unidad Fiscal Especializada de Violencia contra las Mujeres (UFEM), que dirige Mariela Labozzetta.
Cabe recordar que en su indagatoria ante el magistrado, Alperovich negó haber abusado de su sobrina y no aceptó preguntas. Por su parte, organizaciones feministas manifestaron su apoyo a la «denunciante que logró llegar a esta instancia después de haber esperado durante 5 años respuestas por parte del Poder Judicial».
«Nos mantenemos alertas ante los posibles ataques y revictimización por parte del acusado a través de su defensa o del uso de los medios de comunicación para avanzar sobre la integridad física y psíquica de la denunciante», agregó el comunicado difundido a través de redes sociales.
Y, se declararon «en alerta y movilización por cualquier maniobra de impunidad en tanto el actual ministro de Justicia, Mariano Cúneo Libarona, hasta hace unos meses era su abogado y hoy la defensa (de Alperovich) continúa a cargo de su estudio jurídico».
En principio, la causa se tramitó en dos jurisdicciones: en el fuero criminal y correccional de la ciudad de Buenos Aires y en la justicia tucumana. Pero tras una resolución de la Corte Suprema de Justicia de la Nación de mayo del año pasado, se resolvió que todos los hechos debían investigarse en el Juzgado Nacional en lo Criminal y Correccional 35 de la Ciudad de Buenos Aires, de acuerdo con lo planteado en su dictamen por el procurador General interino, Eduardo Casal.
La denuncia por violación contra Alperovich
En 2019, mucho antes de la llegada de la pandemia, la sobrina de Alperovich lo denunció por violación. La denuncia por abuso sexual fue hecha en los Tribunales penales de Tucumán como en Buenos Aires, en la Unidad Fiscal Especializada de Violencia contra las Mujeres (UFEM), porque los abusos ocurrieron en las dos provincias.
La joven había escrito una carta donde señalaba: «Estoy segura que ninguna persona que haya sufrido violencia sexual quisiera estar en este lugar, desnudando la intimidad más dolorosa de su vida. Pero nos obligan a encontrar en esta manera la posibilidad de ser escuchadas. Ya no nos callamos más, pero tampoco queremos hablar por lo bajo de lo que nos pasa, de lo que sentimos, de lo que nos hicieron y de cómo hacemos para volver a la vida después de que hechos tan traumáticos nos la cambiaron para siempre. No escribo para convencer a nadie de nada. Estoy aquí contra la opresión del silencio y por la necesidad de recuperar mi vida, de sanar llamando a las cosas como son».
Según había explicado en aquella misiva, su deseo era ponerle nombre y apellido a aquel que la hizo pasar por un verdadero infierno: «Cuando no le ponés nombre, no existe. El mío se llama Jose Jorge Alperovich, mi tío segundo y jefe, por quién fui violentada sexual, física y psicológicamente desde diciembre del 2017 hasta mayo de 2019. Durante un año y medio sufrí violaciones a mi integridad física y sexual. El avasallamiento fue demoledor. Tanto que ni siquiera pude ponerlo en palabras. Él oscilaba libre y cómodamente en los tres escenarios ante los que me posicionaba: el familiar, el laboral y el del horror de la intimidad que me forzaba a vivir con él».
En septiembre del 2022, el Juzgado Nacional en lo Criminal y Correccional Nº 35 de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires clausuró la instrucción y elevó a juicio oral la causa contra Alperovich, acusado por distintos hechos de abuso sexual ocurridos en esa ciudad y en la provincia de Tucumán.
La investigación fue realizada por la Fiscalía Nacional en lo Criminal y Correccional N°10 de la Capital Federal, interinamente a cargo del fiscal Santiago Vismara, y la Unidad Fiscal Especializada de Violencia contra las Mujeres (UFEM), bajo la órbita de Mariela Labozzetta. Esto ocurre tras el rechazo de la Cámara Nacional de Apelaciones en lo Criminal y Correccional a unos planteos realizados por la defensa.
La decisión del Juzgado Nacional en lo Criminal y Correccional Nº 35 significaba la remisión del caso a la etapa de juicio. Tras la elevación, la causa fue sorteada y recayó en el Tribunal Oral en lo Criminal y Correccional Nº 29, por lo que en el debate intervendrá el fiscal de juicio Sandro Abraldes.
En mayo del 2022, los representantes del Ministerio Público Fiscal habían considerado que Alperovich debía responder por tres hechos de «abuso sexual -dos de ellos cometidos en tentativa- y seis sucesos de violencia sexual agravada por haber sido con acceso carnal». «En todos los casos, mediando para su comisión intimidación, abuso de una relación de dependencia, de poder y de autoridad», indicaron.
En la denuncia, la joven manifestó la presión psicológica que ejercía su pariente y el poder que detentaba sobre ella, lo que le infundía temor e imposibilidad de superar esa situación. «No quería que me besara. Lo hacía igual. No quería que me manoseara. Lo hacía igual. No quería que me penetrara. Lo hacía igual. Inmovilizada y paralizada, mirando las habitaciones, esperando que todo termine, que el tiempo corra. Ya saldría de ahí y estaría en mi casa, ya habría más gente alrededor, ya el disimulo y el trabajo lo iban a alejar de mi. Ya se cansaría de mi, de que no quiera, de que sea ´asexuada´ como me llamaba», decía aquella dolorosa carta compartida a los medios.
En diciembre de 2020, los fiscales Santiago Vismara, titular de la fiscalía Criminal y Correccional 10 de la Capital Federal, y Mariela Labozzetta, a cargo de la Unidad Fiscal Especializada de Violencia contra las Mujeres (Ufem), habían formulado un pedido de indagatoria, y en diciembre del 2021, reiteraron la solicitud en base a la ampliación de la acusación que hicieron contra el ex senador. «Pero su fijación no cesaba, durante mucho tiempo quiso más y más seguido, con más ganas, con más fuerza, con más violencia por mi resistencia. La sensación de que nunca nadie iba a salvarme, de que no iba a haber una interrupción o algo que me sacara de esos lugares. Era expresamente su voluntad», sostuvo la víctima.
Y agregó: «Yo no podía salir sola del encierro porque sabía que tras la primera puerta había caseros, y policías y custodios armados. Todos sabiendo lo que estaba pasando adentro y cuidando las fronteras de él. Estaba completamente atrapada. Yo nunca elegí estar ahí de esa manera. Se lo decía en cada no. Pero mis no para él nunca fueron suficientes. No se trataba del ímpetu ni de la cantidad de veces que se lo decía ni de como se lo explicaba ni de como mezquinaba mi cuerpo ni de como intentaba defenderme ni si lloraba o no. Nunca en mi vida lloré tanto. Durante todo ese tiempo no tuve ni un respiro. Trabajé sin parar, sin vacaciones, sin feriados. Solo me liberaba cuando él viajaba».
La sobrina de Alperovich viene luchando por justicia desde hace más de tres años. La causa se tramitó en dos jurisdicciones: en el fuero criminal y correccional de la Ciudad de Buenos Aires y en la Justicia tucumana. «Pero cuando regresaba, volvía también la pesadilla. Hasta que se detuvo, hasta que las situaciones en las que el disponía quedarse solo conmigo para tocarme y penetrarme se volvieron situaciones ya de violencia y maltrato público, delante de personas. Pero ya no más por dentro, ya no más al hueso, ya no más solos. Pensar en quién era yo antes, sin miedo, con deseo de desarrollarme, de aprender, de vivir. Si me conocías pensarías que era una mujer a la que jamás le podría pasar algo así», escribió.
Tras una resolución de la Corte Suprema de Justicia de la Nación de mayo del año pasado, se resolvió que todos los hechos debían investigarse en el Juzgado Nacional en lo Criminal y Correccional 35 de la Ciudad de Buenos Aires, de acuerdo con lo planteado en su dictamen por el procurador General interino, Eduardo Casal. «No miento, no busco fama. Nadie quiere hacerse famosa por contar el horror que vivió. No quiero dinero ni hay un trasfondo político detrás de mi denuncia. Soy mucho más que todo eso que se pueda especular. Esto es por mí. El motivo más importante de mi vida es mi renacimiento, mi sanación y la búsqueda de justicia. ¿Qué motivo más importante que el valor de mi propia vida puedo tener?», sostuvo.
Y finalizó: «Esto no me mató, me puedo proclamar y me puedo defender. Me puedo recuperar, me puedo cuidar, me puedo elegir. Hoy elijo no callarme nunca más». En diciembre del 2021, Vismara y Labozzetta, en base a los elementos y pruebas recolectadas, ampliaron la acusación contra el imputado y requirieron que se lo llame a indagatoria por otros seis hechos que presuntamente tuvieron lugar durante 2018 en Tucumán.
Fuente: BigBang News
