Efectivos de la Brigada de DUOF San Rafael de la Policía Federal realizaron un allanamiento este miércoles por la tarde en una finca ubicada en el paraje “El Chacay”, cercano a la localidad de Malargüe, en la provincia de Mendoza, y encontraron a 92 personas que trabajaban allí asentadas en galpones y habitaciones muy precarias.
El operativo estaba enmarcado en una causa que investigaba desde noviembre del 2023, presuntos delitos de trata laboral y las sospechas sobre dicho establecimiento dedicado a la cosecha de ajos tenía denuncias de hace varios meses, por esto se hicieron presentes y confirmaron así la presencia ilegal de menores.
En este contexto, el personal del Programa Nacional de Rescate y Acompañamiento a las Personas Damnificadas por el Delito de Trata de Personas entrevistó a los habitantes de las infortunadas viviendas, quienes expresaron descontento al referirse a las condiciones en las que estaban, en un espacio muy reducido y durmiendo en el suelo o en camas improvisadas con pallets.
En el allanamiento que se realizó en el establecimiento pudieron dilucidar que casi ninguna de las personas confinadas allí estaba registrada e incluso había algunas de nacionalidad extranjera que no contaban con los trámites de migraciones realizados, lo que llevó a los investigadores a realizar clausuras y los procesamientos correspondientes.
De esta forma, los uniformados detuvieron de inmediato a los cuatro hombres que administraban el lugar. Además, secuestraron una CPU, una computadora portátil, cuatro celulares y documentación de interés para el proceso.
Todas las medidas tomadas fueron instruidas por el Juzgado Federal de San Rafael, a cargo del Dr. Eduardo Puigdéngolas, por ante la Secretaría Penal a cargo del Dr. Carlos Boldrini. También participaron del operativo la División de Apoyo Operativo Táctico Cuyo, que proveyó los móviles para el traslado de las víctimas, y organismos nacionales y provinciales.
Cabe destacar que al operativo también se sumaron, según informó el medio local MDZ, la Delegación local del Ministerio de Trabajo, Empleo y Seguridad Social de la Nación, la Dirección Nacional de Migraciones, la Administración Federal de Ingresos Públicos (AFIP), la Dirección Operativa del Comité Ejecutivo de Lucha Contra la Trata y Explotación de Personas, la Subsecretaría de Trabajo de la Provincia de Mendoza y el Registro Nacional de Trabajadores Rurales y Empleadores (RENATRE).
La investigación enmarcada en localizar aquellos espacios de explotación y trata de personas es una lucha que inició en noviembre pasado. No obstante, en este caso puntual fue una denuncia al 145, la línea gratuita del Programa Nacional de Rescate y Acompañamiento a las Personas Damnificadas por el delito de Trata de Personas, lo que hizo que la policía allanara una finca que alojaba más de 20 persona de manera clandestina y explotada laboralmente.
Eran un total de 24 hombres y mujeres que vivían en unas habitaciones levantadas en la frontera del campo, de la localidad mendocina de Maipú, donde tenían la rutina que comenzaba a las 6 de la mañana y no terminaban antes de las ocho de la noche. Su tarea: reacondicionar los viñedos tras el invierno para reiniciar un nuevo ciclo vegetativo.
Fue el pasado 29 de noviembre que hubo un llamado anónimo al 145 para denunciar casos de explotación de personas. Un día después, un operativo de fiscalización núcleo a personal del RENATRE (Registro Nacional de Trabajadores Rurales y Empleadores), de la UATRE (Unión Argentina de Trabajadores Rurales y Estibadores), del Ministerio de Trabajo, Empleo y Seguridad Social y de la Subsecretaría de Trabajo de la provincia, y finalmente el Comité contra la Trata corroboró lo denunciado y libró un oficio para la intervención del programa dependiente del Ministerio de Justicia de Nación con asistencia de Gendarmería.
Constataron un panorama paupérrimo: las condiciones de los trabajadores en la finca estaban reñidas ante la ley. Uno de los trabajadores calificó la situación de “horrible, fatal, fiera”. Apeló a un animal para graficar su estado: “Estábamos como burros laburando”.
Gustavo Vera, director operativo del Comité de Lucha contra la Trata, indicó: “Constataron que efectivamente había una situación que acreditaba la inmediata intervención judicial por los siguientes motivos: las jornadas eran extendidas y superaban largamente las doce horas; había retención de los documentos u se le pagaba un salario muy inferior no solamente al convenio sino al mínimo vital y móvil; estaban viviendo en condiciones de hacinamiento extremo”.
Según la ley de trabajo vigente, por los quince días de trabajo que ejecutaron de forma precaria estas personas, se le adeuda 240 mil pesos a cada uno. Algunos trabajadores regresaron a Salta, de donde venían con la ilusión de encontrar un trabajo digno y otros continúan en Mendoza.
Fuente: Infobae
