Un conflicto originado en la organización de una fiesta de 15 años derivó en una causa judicial que encontró una salida alternativa al juicio. El caso, ocurrido en la provincia de San Luis, se resolvió mediante la aplicación de una suspensión de juicio a prueba (probation), conforme a lo previsto en el artículo 222 del Código Procesal Penal.
El hecho se remonta a 2018, cuando una familia contrató un servicio integral para un cumpleaños de 15 por $80.000, que incluía salón, catering y otros servicios. Sin embargo, al momento de la celebración en marzo de 2019, el servicio no se cumplió en aspectos esenciales, especialmente en la provisión de comida y bebida, y el responsable no se presentó ni respondió a los reclamos, lo que obligó a los organizadores a afrontar gastos imprevistos para sostener la fiesta.
A raíz de la denuncia, el Ministerio Público Fiscal había solicitado la elevación a juicio por el delito de estafa, pero durante la audiencia las partes acordaron una solución alternativa. La instancia fue encabezada por el juez de Garantía Nº 3, Marcos Flores Leyes, con la intervención de la fiscal Débora Roy Gitto. El imputado, Lucas Ariel Scotti, asistido por la defensora oficial Nadia Agúndez, aceptó las condiciones sin objeciones, mientras que la víctima manifestó su conformidad.
Como parte del acuerdo, el imputado deberá pagar $400.000 en concepto de reparación económica, además de realizar tareas comunitarias y cumplir reglas de conducta. Este mecanismo busca priorizar la reparación del daño y evitar el juicio oral, optimizando los recursos judiciales.
No obstante, se advirtió que en caso de incumplimiento de las condiciones, el proceso podría reactivarse y avanzar hacia un juicio.
