El gobernador electo, Claudio Poggi, y su vice, Ricardo Endeiza, se hicieron presentes esta semana en dos actos de apertura de ofertas, en el marco de llamados a licitaciones de obras públicas, para notificar a funcionarios provinciales y a representantes de las empresas oferentes sobre los recursos judiciales interpuestos para evitar que se inicien construcción cuya finalización esté prevista para después del 10 de diciembre.
Las notificaciones fueron entregadas por el escribano Juan José Laborda Ibarra. El martes se entregaron las actas al director de Vialidad Provincial, Jorge “Timy” García Quiroga, y a autoridades de las empresas que se presentaron para la licitación de la construcción de la autopista de ingreso a Villa de Merlo por la Ruta 1.
El jueves, Laborda Ibarra notificó al ministro de Obras Públicas e Infraestructura, Alberto Rodríguez Saá (hijo), y a la representante de la empresa Semisa S.A, Celina Suppo, mientras se abrían las ofertas para la construcción de la Ciudad Judicial.
Roald Cattáneo, fiscal de Estado de la Provincia, explicó que, en realidad, se comunica sobre la medida cautelar que dictara la jueza Laboral N°2, María Eugenia Bona, el 2 de octubre para frenar las obras públicas hasta la asunción del nuevo Gobierno, pero esa decisión judicial ya no tiene efecto porque fue desestimada por el Superior Tribunal de Justicia.
“No hay antecedentes de una situación como esta, solo se presentaron impugnaciones de una u otra oferta” en otros procesos licitatorios, describió el abogado.
Cattáneo indicó: “Ellos comunican que han pedido una medida cautelar al STJ, solicitando la suspensión de las licitaciones, imitando la medida de la jueza Bona, contra algunas obras puntuales. Eso está pedido, pero el STJ no ha dicho nada sobre el tema”.
De esta manera, consideró que las notificaciones “no tienen efecto jurídico, porque no se ha resuelto nada sobre ese tema”.
