El cierre del Instituto Nacional de la Agricultura Familiar, Campesina e Indígena (INACI) y el Consejo Nacional de Agricultura Familiar, que anunció el Gobierno de Javier Milei, afectará a 37 personas que trabajan en esas dependencias en San Luis.
Daniel Sosa, ex titular de la Secretaría de Agricultura Familiar en la provincia, calificó la medida como “brutal” y consideró que “ese achicamiento del Estado no le sirve a nadie”.
“Es tremendo el daño. Ya venía desfinanciado, tenía algunos problemas y ahora terminaron de pegarle el tiro de gracia”, agregó el dirigente.
La Secretaría asistía, asesoraba y brindaba capacitaciones a pequeños productores de la provincia. Además, organizaba charlas en escuelas para estimular la actividad.
Sosa resaltó que los profesionales que trabajaban para el organismo recorrían la provincia en vehículos propios, porque la Secretaría no contaba con movilidad en San Luis.
El organismo, además, solía brindar asistencia a los productores que se veían perjudicados por condiciones climáticas. “En lugares donde cayó piedra, hubo sequía o hubo un incendio, había una asistencia crítica, que por ahí demoraba, pero era una ayuda para que los productores se pudieran recuperar”, agregó.
El anuncio del cierre del Instituto de Agricultura Familiar
«El Ministerio de Economía ha decidido avanzar con la eliminación del Instituto de Agricultura Familiar, Campesina e Indígena y el Consejo Nacional. Luego de una revisión de datos calamitosos y profundamente desoladores, estos institutos tenían un total de 964 empleados”, precisó el portavoz presidencial, Manuel Adorni.
El INAFCI había sido creado en noviembre de 2022, por el entonces presidente Alberto Fernández.
