Un total de 13 intendencias presentaron una acción declarativa ante el Superior Tribunal de Justicia, luego que el gobernador Claudio Poggi derogara el Tratado de La Toma.
El abogado que representa a los Municipios, Leonardo Martínez Herrero, detalló que, en realidad, no existe ningún acto administrativo que haya dado de baja el acuerdo que establecía la transferencia de fondos equivalentes a un 50% extra de coparticipación para las comunas, con el objetivo que ningún empleado público ganara menos de 300 mil pesos por mes.
“La Toma fue el primer municipio que me consultó y comenzamos la acción declarativa, y se sumaron 12 municipios más”, aclaró el letrado.
Martínez Herrero resaltó que la solicitud judicial apunta a “dejar sin efecto el Decreto (DNU) 150, como el posterior Decreto 35/2024”. E insistió en que el Tratado fue dado de baja solo “con un discurso en el segundo informe de gestión (de Poggi, mediante un video publicado por los canales oficiales), donde dijo ¨dejamos sin efecto el Tratado de La Toma¨”.
El abogado también calificó de “violador serial de derechos” y cuestionó el DNU 150, que declaró la emergencia económica en la provincia. “Es una violación flagrante a las instituciones de San Luis y a la Constitución de la Provincia”.
Los municipios piden al STJ que ordene “el cumplimiento del Tratado de La Toma y los convenios específicos” que firmaron en su momento los intendentes con el entonces gobernador, Alberto Rodríguez Saá.
Martínez Herrero criticó también que Poggi declarara la “crisis económica” cuando en las arcas provinciales tenía los fondos para afrontar los sueldos de diciembre y enero, y el medio aguinaldo de la segunda parte del 2023.
“Se vale de una crisis económica que no existía para emitir el Decreto 150, donde asume todos los poderes. De hecho, el artículo 3 de ese decreto, deroga y restituye leyes, algo que está completamente prohibido. El decreto es ilegal, ilegítimo y sin fundamento jurídico”, planteó.
