“Los empleados no son una unidad de ajuste de una empresa, ni tampoco deben ser una unidad de fundición, que tomar un empleado resulte una complicación enorme por las leyes laborales que tenemos, que dan asilo a la industria del juicio. Tenemos que bloquear la industria del juicio sin afectar el derecho adquirido del trabajador”.
Bajo esa premisa, el 25 de enero pasado, luego del paro general convocado la Confederación General del Trabajo (CGT) en el marco de bruscas caídas en el consumo y de la industria pyme, el presidente de la Confederación Argentina de la Mediana Empresa (CAME), Alfredo González, planteó la necesidad de avanzar con un plan de modernización laboral.
Lo hizo en una entrevista con Newsweek Argentina, durante la cual aseguró también que “contratar a un empleado tiene que ser un premio y no un castigo”.
Días antes, en un comunicado en el cual enfatizó que las pymes necesitan trabajar, la CAME se pronunció en contra de la medida de fuerza convocada por la CGT, al entender que implicaría un día sin producción y sin actividad comercial que le causaría una pérdida económica “mayúscula” al país.
“Las pequeñas y medianas empresas representan el entramado más auténtico de la economía real de la Argentina. Por eso, desde la CAME siempre se pide más actividad, más producción y más ventas”, sumó la organización.
En ese contexto, González, recordó que cada mes las firmas deben afrontar gastos fijos y son las principales generadoras de empleo registrado.
“Somos respetuosos de las decisiones del sindicalismo y del derecho a huelga. Entendemos y compartimos la incertidumbre imperante y la angustia que afecta a buena parte de nuestra población, pero no creemos que un paro sea el instrumento que vaya a revertir esta situación”, resaltó el dirigente.
Por su parte, la Cámara Argentina de Comercio y Servicios (CAC) hizo un “llamado a reflexionar” sobre los dispares criterios con los que algunos sectores de la política y del sindicalismo protestan.
Con un duro documento, la entidad recordó que los sectores que adhirieron a la medida de fuerza “no realizaron manifestación alguna” durante los cuatro años en que Alberto Fernández ejerció el Poder Ejecutivo, un período en que el crecimiento de la pobreza y la inflación, con su consecuente deterioro del poder adquisitivo, fueron constantes.
“El paro anunciado para el próximo 24 de enero será el más rápido realizado a un gobierno nacional desde el retorno de la democracia, en 1983, a tan solo 40 días de haber asumido Milei la presidencia”, precisó.
Planteó además que se motorizó “a sabiendas de que el 56% de los ciudadanos acompañó en las urnas” las propuestas del presidente Javier Milei “aunque no auguraban meses de bonanzas” sino de “un costoso pero necesario reacomodamiento macroeconómico”.
“En cualquier análisis que hagamos sobre el nuevo gobierno, no podemos obviar que la presente inflación es producto de medidas, equivocadas a nuestro juicio, tomadas por la gestión anterior”, amplió.
Agregó que aquéllas llevaron a que la presidencia de Fernández finalice con una inflación acumulada de 930,7%. “A modo de referencia, el gobierno de Mauricio Macri registró una variación de precios de 304,3%, una de las razones que motivó que la CGT realizara cinco paros generales. Resulta llamativo que durante la era Fernández no se llevara a cabo ninguno”, disparó.
“Nuestra responsabilidad, como dirigentes, es trabajar para el bien de todo el pueblo argentino, dejando de lado intereses personales, ideológicos, sectoriales y/o partidarios”, cerró la CAC.
Fuente: Comercio y Justicia
