Dan permiso a procesado con prisión preventiva para acompañar a sus hijos a la escuela

El Tribunal Oral en lo Penal Económico Uno (TOPE 1) autorizó hoy a un procesado con prisión preventiva a acompañar a sus dos hijos menores de edad a las respectivas escuelas del conurbano bonaerense donde están anotados para este año, informaron fuentes judiciales

La medida adoptada por el tribunal, previa conformidad del fiscal que interviene en la causa, favoreció a M.G.N., quien cumple prisión domiciliaria ordenada en una causa por contrabando agravado.

En la causa se investiga la existencia de una organización ilícita integrada entre otros por M.G.N. que habría operado desde el 1 de abril de 2022 hasta el 8 de marzo de 2023 para al tráfico ilícito nacional y al contrabando de sustancia estupefaciente (cocaína), “destinada inequívocamente a su comercialización”.

La defensa de M.G.N. precisó que el padre acompañaría a partir de hoy al hijo menor a un Jardín de Infantes en el barrio bonaerense Malvinas Argentinas y, desde el lunes próximo, a la hermanita, a un colegio en la localidad de Almirante Brown, también de la provincia de Buenos Aires, en ambos casos de lunes a viernes.

El TOPE 1 ponderó la opinión Nicolás Czizik, a cargo de la Unidad Fiscal de Ejecución Penal Federal, quien opinó que era “razonable” y “viable” autorizar al procesado a llevar y buscar a sus hijos del jardín de infantes y de la escuela primaria.

Ante la falta de oposición del Ministerio Público Fiscal que es quien “vela por los intereses generales de la sociedad” y por “la observancia de la Constitución Nacional”, el camarista Diego García Berro sostuvo que “un eventual rechazo de lo solicitado constituiría un exceso de la función jurisdiccional”.

El permiso a M.G.N. para “llevar” y “traer” a sus hijos debe ejercerse para ambos casos dentro del horario de 7.15 a 15.30 todos los días hábiles de la semana, “debiendo regresar a su domicilio inmediatamente y acompañar a la brevedad posible las constancias de alumno regular de cada uno de los niños.

Fuente: Comercio y Justicia